creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó este martes su tercer informe sobre Venezuela.
En sus investigaciones determinó que “los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos al azar y desconectados, que actuaron solos dentro del Servicio Bolilvariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)”.
El informe precisa que muchos de los funcionarios posiblemente responsables de violaciones y delitos entre 2014 y la actualidad, permanecen en sus cargos y otros incluso fueron ascendidos. Las acciones estudiadas contemplan detenciones de opositores reales y percibidos como tales por parte del gobierno, torturas y tratos crueles a detenidos, persecución de disidentes e incautaciones ilegales de bienes, y vigilancia telefónica sin orden judicial, entre otros.
El documento considera que “el Sebin y el Dgcim fueron parte de una maquinaria diseñada y desplegada para ejecutar el plan del gobierno para reprimir la disidencia y cimentar su propio control del poder”, y que se trata de un “plan orquestado al más alto nivel político, encabezado por el presidente Nicolás Maduro y apoyado por otras autoridades”. La misión advierte que estas acciones forman parte de un “plan deliberado del gobierno para reprimir la crítica y la oposición”.